¿Y si modificamos la Constitución del Estado de Nueva York mediante una convención?

Será una de las preguntas en la papeleta electoral del siete de noviembre. 

"Es una oportunidad que nada más que viene cada veinte años. ¿Por qué no vamos a tomar esta oportunidad?", se preguntó el abogado Héctor González.

Si ganara el sí, habría unos comicios el año que viene para elegir a los 78 delegados. 

La convención seria en primavera de 2019. 

Cualquiera podría postularse para ser delegado. 

"El problema es que no cualquier persona tiene los recursos para poder correr una campaña", explicó Maritza Silva-Farell, directora ejecutiva de ALIGN.

Y ese es el temor de grupos comunitarios como Align: que este proceso termine en manos de grupos adinerados con intereses particulares. 

Además, la última convención en 1967, costó unos cincuenta millones de dólares. 

"La Constitución debe de mantenerse como está y no despilfarrar", añadió Silva-Farell.

El abogado González cree que hay una buena oportunidad, por ejemplo, para reformar el anticuado sistema judicial. 

Además, cree que el proceso sería más diverso.

"La última vez que hubo la convención constitucional, no tengo la estadística exacta, pero yo me imagino que no había muchos hispanos que fueron delegados a hacer esos cambios, y esta fuera una oportunidad para elegir delegados que tengan la misma experiencia que esta comunidad", agregó González.

Si se acordaran cambios a la Constitución, éstos tendrían luego que ser aprobados por los votantes mediante un referéndum. 

Muchos temen la reelección de los mismos legisladores ahora en Albany... por lo que su objetivo, según el gobernador Andrew Cuomo, quedaría invalidado. 

Otro político que no quiere esta convención es el alcalde de Blasio. 

Los votantes neoyorquinos tendremos otras dos preguntas en la papeleta: una que eliminaría o reduciría la pensión de funcionarios públicos que hayan sido condenados por un delito mayor; y otra que permitiría pequeños proyectos de infraestructura en terrenos forestales protegidos a cambio de que el Estado adquiera 250 acres de terreno similar.