Guillermo Miranda Vázquez empieza su día cerca de un Home Depot, donde encuentra trabajo fácilmente junto con tantos otros jornaleros que ayudan a limpiar Houston después del paso del huracán Harvey.

Algunos días despeja pedazos de mampostería arruinados o saca a la calle muebles y alfombras destruidos por las inundaciones de Harvey. Otras veces corta árboles y colabora en los cimientos de nuevas viviendas. Luce siempre jeans, zapatillas y camisetas, y a menudo está rodeado por el pútrido olor de aguas negras que inundaron las viviendas.

“Siempre me lavo bien y uso alcohol o algo parecido para no sufrir infecciones”, expresó Miranda, quien es guatemalteco. “Todavía no me enfermé”.

Cientos de jornaleros como Miranda han pasado a ser una parte integral de los esfuerzos para reconstruir la ciudad y trabajan en condiciones riesgosas al tiempo que sufren pensando en que pueden ser detenidos por las autoridades de inmigración por no tener permisos de residencia.

Harvey destruyó o dañó unas 200.000 viviendas e inundó buena parte de Houston y de otras comunidades costeras más pequeñas. La industria de la construcción ya padecía una escasez de mano de obra antes de la tormenta y el problema se agravó después de Harvey, generando una enorme demanda de jornaleros, que siempre desempeñan un papel clave en la reconstrucción tras el paso de tormentas y huracanes.

Jornaleros entrevistados por la Associated Press dicen que son contratados por propietarios de viviendas, equipos que vienen de otros estados y subcontratistas. La mayoría son inmigrantes que se congregan cerca de negocios de la construcción y gasolineras, a la espera de que alguien les ofrezca trabajo.

Mientras que el gobierno nacional suspendió algunas leyes laborales después del Huracán Katrina en New Orleans para facilitar la contratación de jornaleros sin permiso de residencia, el gobierno de Trump la ha emprendido contra la inmigración ilegal, aumentando redadas y las detenciones.

En Texas, por otro lado, se aprobó este año una ley que despeja el camino para que los agentes policiales pregunten a la gente por su status inmigratorio y cooperen con las autoridades federales, que son las que tienen jurisdicción para lidiar con la inmigración ilegal. Buena parte de la ley entró en vigor después de Harvey, cuando un tribunal de apelaciones dejó sin efecto el fallo de un juez federal que había vetado la ley.

Martín Mares, un mexicano que vive en Houston desde 1995, dice que no teme ser detenido por la policía y entregado al servicio de inmigración mientras trabaja en la ciudad, que resistió la nueva ley en los tribunales. Pero sí le inquieta trabajar en los suburbios, donde la policía es más proclive a colaborar con el servicio de inmigración.

La alta demanda de jornaleros trajo a personas que no están acostumbradas a trabajar en la construcción ni conocen las medidas de seguridad básicas, según Mares. Cuenta que hace poco vio a una mujer embarazada en un edificio que había sido inundado, sin guantes.

“La gente no piensa las cosas. No ven las consecuencias”, sostuvo. “Van y trabajan sin saber siquiera si les van a pagar”.

En Houston, donde se calcula hay unos 600.000 residentes que están en el país sin permiso, los líderes comunitarios temen por el impacto que puedan tener las políticas inmigratorias en la seguridad de los trabajadores. Incluso si no tienen permiso de residencia, los jornaleros tienen derecho a medidas que castigan a quienes no pagan los salarios y a trabajar en un ambiente seguro.

“Esta gente tiene miedo”, dijo Stan Marek, propietario de una empresa de la construcción de Houston que impulsa desde hace tiempo la legalización de los jornaleros. “No van a acudir a la policía si les roban. Es una fórmula que garantiza un desastre en nuestra comunidad”.

Sentado en una acera cerca de Home Depot recientemente, Miranda dijo que a menudo lidia con patrones que no le pagan lo prometido, pero que nunca hizo una denuncia a la policía.

“Estoy en este país como inmigrante. No tengo nada”, explicó. “El día que me pillen, me deportan”.