Casi un millón de jóvenes indocumentados al centro del debate sobre una posible reforma migratoria esperaron ansiosamente el primer informe presidencial de Donald Trump.

Durante el llamado discurso sobre el Estado de la Unión, los 'soñadores' de Staten Island se reunieron en la sede de La Colmena con expectativas acerca del futuro que se convirtió en incierto con la decisión del mandatario de dar fin al programa DACA. 

El abogado especialista en temas de inmigración, César Vargas, expresó: "Diciendo que quiere a los soñadores, que quiere enseñar un corazón muy grande, pero escuchamos la misma política y a un presidente que sigue dividiendo a la nación y jugando con las vidas de los soñadores".

Se estima que 17,000 de estos jóvenes han perdido los beneficios otorgados por la administración Obama, que incluían la exención de la deportación, un permiso de trabajo temporal y un número de seguro social, todos ellos medidas que sin constituir certeza jurídica, aseguran habían impactado sus vidas en la única patria que muchos conocen.

Ismary Calderón es beneficiaria de DACA y comentó: "Siento que esta administración está intentando dividirnos de cualquier forma por raza, por clase y por género".

Por su parte, otro beneficiario de DACA, Rey David Méndez, añadió: "Estoy bien decepcionado del mensaje que el Presidente ha dado refiriéndonos como ilegales. El trato que él está dando es un trato bien sucio".

Por lo menos 22 jóvenes de los llamados soñadores estuvieron físicamente presentes en la ceremonia en la capital del país, todos acompañando a legisladores demócratas con excepción del invitado del Congresista Republicano de la Florida Carlos Curbelo. Pero los que no recibieron la invitación de su senador o congresista también tuvieron peticiones para la Casa Blanca.

"Le pediría que no solo piense en los jóvenes, sino que piense en nuestros papás, en todas esas familias que está separando ahorita", ahondó Judith Prado, beneficiaria de DACA.

La más reciente propuesta de plan migratorio de la Casa Blanca incluyó un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de inmigrantes a cambio de restricciones a la migración familiar y un presupuesto de $25,000 millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo con México y medidas de control migratorio adicionales.