El anuncio de que el próximo censo llegará a tocar las puertas de todos los hogares en el país preguntando por la ciudadanía de los habitantes de la vivienda, cosa que no se había hecho desde la década de los cincuenta, ya sembró temor entre la comunidad inmigrante, documentada e indocumentada.

"La gente tiene miedo, de por sí, con la política y lo que está pasando. Van a tener miedo de contestar", comenta un imigrante. Alguien más añadió: "Es algo ilógica, que les va a dar miedo porque no todo mundo tiene papeles. Definitivo que sí, es una pregunta que no deberían hacer".

Las organizaciones comunitarias expresaron además preocupación por los efectos negativos de la baja participación en el censo.

Gonzalo Mercado, de la organización pro-inmigrante La Colmena, ahondó respecto al tema: "No solamente va a ser que mucha gente no responda, sino que obviamente repercute de muchas maneras, no solamente en los números, pero como se asignan ciertos recursos".

A pesar de que el Departamento de Comercio, quien administra el censo y debe definir el cuestionario antes del próximo viernes, está obligado por el Código Legal a mantener la información confidencial y no compartirla con ninguna agencia de gobierno como ICE, las organizaciones y el público advierten que el temor no es infundado.

"Lo mismo se dijo con el ID de Nueva York y vimos que tuvimos personas que quisieron revelar la información de personas que han accedido a ese programa, entonces tenemos precedente de que no nos dan seguridad', profundiza Mercado.

El alcalde de Blasio se unió al Fiscal General del Estado, Eric Schneiderman, quien con otros oficiales electos a nivel nacional, está emprendiendo una demanda contra la administración Federal para impedir que esta pregunta llegue a la boleta del censo en 2020.