El juez federal Sergio Moro emitió el jueves una orden de arresto contra Luiz Inácio Lula da Silva, propinándole un duro golpe al otrora popular expresidente de Brasil que intenta regresar a la política en las elecciones de octubre.
La orden fue girada horas después de que el Supremo Tribunal Federal denegó por votación de 6-5 una solicitud de Lula de no ir a la cárcel mientras apela una sentencia de culpabilidad por corrupción, la cual él alega es sólo una maniobra para impedir que su nombre aparezca en las boletas.
Moro le dio a Lula un plazo de 24 horas para que se presente ante la policía federal en la ciudad sureña de Curitiba. En una nota, el magistrado dijo que le está dando la oportunidad de entregarse por su propio pie porque fue presidente del país.
El año pasado, Moro declaró culpable a Lula de hacer favores a una compañía constructora a cambio de la promesa de un apartamento en la playa. Un tribunal de apelaciones refrendó dicha declaración de culpabilidad en enero.
Horas antes el jueves, la presidenta del Partido de los Trabajadores advirtió que encarcelar a Lula convertiría a Brasil en una "república bananera". Los abogados del exmandatario emitieron varias declaraciones en las que afirmaron que estaban presentando interdictos con la esperanza de evitar que vaya a la cárcel.
A pesar de la declaración de culpabilidad y varios cargos más en contra, Lula encabeza las encuestas antes de los comicios presidenciales.
"Consideramos esto un encarcelamiento por móviles políticos, un encarcelamiento que pondrá en evidencia a Brasil ante el mundo", dijo Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores. "Nos convertiremos en una república bananera".
Hoffman también insistió en que Lula, de 72 años, sería el candidato del partido en octubre. El exmandatario no ha hecho declaraciones desde el fallo.
Al igual que tantas cosas más en una nación que está profundamente dividida, la realidad de que el otrora popular líder será encarcelado fue interpretada en forma distinta por sus partidarios y sus detractores.
"Brasil anotó un gol contra la impunidad y la corrupción", dijo el congresista Jair Bolsonaro, ex capitán del ejército de tendencia derechista que va en segundo sitio en las encuestas detrás de Lula.
Mariana Setra, partidaria del expresidente en Sao Paulo, consideró que la decisión del Supremo Tribunal es "ridícula".
"Fue aplicada a una sola persona", señaló. "Como si Lula fuese el único ladrón en este país".
Lula, presidente de 2003 a 2010, es uno de muchos personajes renombrados de Brasil en verse envueltos en el que posiblemente sea el mayor escándalo de corrupción en la historia de Latinoamérica. Durante los últimos cuatro años, los brasileños han atestiguado operativos policiales y arrestos casi semanales de miembros de la élite, sean políticos o empresarios como Marcelo Odebrecht, ex director general de la constructora Odebrecht.
Los investigadores detectaron una amplia red en la que empresas de la construcción prácticamente formaban un cártel que generaba contratos inflados de la petrolera estatal Petrobras a cambio de pagar millones de dólares en sobornos a políticos y empresarios.
La lista de funcionarios en la mira de la investigación "Autolavado" incluye al presidente Michel Temer, que asumió el poder en 2016 después que la sucesora y protegida de Lula, Dilma Rousseff, fue sometida a un juicio político y expulsada del cargo.
Lula fue declarado culpable en julio de ayudar a una constructora a obtener contratos a cambio de la promesa del apartamento. Él niega haber hecho nada ilegal en ese caso o en varios más por corrupción que aún no van a juicio. Un tribunal de apelaciones refrendó la declaración de culpabilidad en enero, y los tres magistrados que revisaron el caso incluso alargaron la sentencia a 12 años y un mes.
El senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores, dijo que a partir del viernes se organizarán vigilias en todo el país.
"La gente quiere estar cerca del presidente Lula tras esta injusticia", afirmó.
Está por verse si el Partido de los Trabajadores podrá movilizar grandes manifestaciones. Durante el juicio político a Rousseff en 2016, muchas protestas fueron pequeñas a pesar de las exhortaciones de importantes sindicatos para que la gente saliera a las calles.