Es un asalto más a nuestra comunidad inmigrante.

Así calificaron diversas organizaciones y oficiales electos de todo el país la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de cancelar el Estatus de Protección Temporal, o TPS, a casi 60,000 hondureños que se refugiaron en Estados Unidos tras la devastación dejada en 1998 por el huracán Mitch en el país centroamericano.

El gobierno hondureno por su parte, dijo lamentar "la decisión soberana de la administración Trump".

Los hondureños tienen hasta el 5 de enero de 2020 para salir del país, o cambiar su situación migratoria. 

"Es ilógico. Hay gente que tiene muchos años viviendo aquí y 18 meses no creo que es un tiempo para poder regresar al país, después de tener sus vidas hechas aquí", dijo una hondureña entrevistada.

La decisión sigue a la cancelación del TPS para Nicaragua, El Salvador, Haití, Sudán y Nepal.

Tanto académicos como asociaciones civiles advirtieron que le repatriación forzada de tantas personas, además de separar familias, desestabilizará a nuestras comunidades y creará una crisis en Honduras.

"Crisis para las familias aquí y crisis dobles para allá, porque hay familiares en Honduras que están contando con los trabajos que tienen aquí los hondureños", explicó Gigi Gazon, de New York Immigration Coalition.

A la posible pérdida de los estimados 4 mil 200 millones de dólares que los hondureños envían anualmente a sus familias, advierten los mismos inmigrantes, le siguen otros agravantes.

"La criminalidad va a aumentar mucho, y allá no hay nada que hacer", dijo otro hondureño entrevistado. 

¿Por qué el gobierno no los da el TPS, así somos buena gente?, añadió el inmigrante.

"Es una tristeza, la verdad, porque son muchas familias afectadas, no son como 100. Son muchas familias tanto aquí como en Honduras", agregó la hondureña.

De acuerdo con cifras de la alcaldía, alrededor de 3100 hondureños que viven en los cinco condados están acogidos al TPS.