La apertura a los comensales del interior de los restaurantes en Nueva York a partir del próximo 30 de septiembre, aunque con menos capacidad, llegará acompañada de un nuevo impuesto de hasta un 10 % en el menú, motivado por la pandemia del coronavirus.

El llamado "cargo de recuperación de COVID-19", aprobado este miércoles por el Concejo de la ciudad, aplica a las empresas de propiedad independiente y estará vigente durante 90 días después de que los restaurantes puedan operar a toda capacidad.

Una encuesta reciente hecha por la aplicación de hostelería YELP concluyó que más de 2.800 establecimientos han cerrado de forma permanente desde marzo.

"Este proyecto de ley dará a los restaurantes la libertad que necesitan para aumentar sus ingresos y ayudar a cubrir los costos laborales y de cumplimiento que aumentan rápidamente, y mantenerlos en el negocio", dijo el miembro del Consejo Joe Borelli, quien patrocinó la legislación.

"Esta nueva política es el resultado del impacto de COVID-19 en nuestra ciudad, pero tengo toda la intención de hacer este cambio permanente", agregó Borelli, citado por Ghotamist.

La New York City Hospitality Alliance, una asociación sin fines de lucro fundada en 2012 para representar y brindar servicios a establecimientos de restaurantes y vida nocturna en los cinco condados de la ciudad, señaló que los restaurantes han sido devastados económicamente y que este nuevo impuesto les ayudará a generar ingresos adicionales.

La organización, que respaldó la iniciativa del Concejo, destacó en un comunicado que los ingresos extras derivados del impuesto ayudarán a pagar gastos como el equipo de protección personal para sus empleados, la configuración de comidas al aire libre, el alquiler y el salario de empleados.

La organización indicó además que la ciudad de Nueva York es la única jurisdicción en el país en la que a los restaurantes se les prohíbe tener la opción de aplicar un recargo a los precios del menú.

"De hecho, los restaurantes en el resto del estado pueden usar un recargo y muchos los usan con éxito en el resto del país, a menudo en otras ciudades progresistas", aseguró la Alianza.

De acuerdo con la organización, en esta ciudad hay más de 24.000 establecimientos para comer y beber, que emplean a más de un cuarto de millón de personas.

La medida estipula que el nuevo impuesto debe estar por escrito en el negocio y explicar que no es una gratificación para los empleados.

El presidente del Concejo, el demócrata Corey Johnson, indicó tras aprobarse la medida que es una forma de apoyar a este sector de la industria de servicios.

"Cuando llegue el clima frío, y si no están operando al 100 % de su capacidad, lo que dudo que sea, debemos pensar en una variedad de formas de apoyarlos", afirmó.

Sin embargo, pese a que el proyecto fue aprobado por abrumadora mayoría, no todos los concejales se mostraron de acuerdo con el impuesto.

"No me siento cómodo agregando un recargo del 10 % al único sector de nuestra economía donde a los trabajadores todavía se les paga un salario inferior al mínimo de diez dólares la hora más propina, sin hacer algo que garantice que aumentemos el salario mínimo o que este recargo se comparta con los trabajadores", indicó el concejal Brad Lander.

El también demócrata ha señalado además que ahora es posible de que los clientes estén menos dispuestos a dejar una propina.

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