Ante la posible llegada de la vacuna del COVID 19, tanto al estado como a varias organizaciones comunitarias les preocupa que el plan actual no provee fondos para la distribución de la vacuna en comunidades de minorías de bajos recursos.

Peor aún, el programa de distribución requiere que el estado acepte un acuerdo de recolección de información que asustaría a inmigrantes indocumentados.

Esto ha provocado frustración entre algunos neoyorquinos.

“Un poco de frustración porque no habría una igualdad de condición para todos”, dijo una vecina.

Por eso, el gobernador Cuomo en conjunto con 50 organizaciones comunitarias enviaron una carta al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos expresando su preocupación sobre la falta de recursos para estas comunidades que han sido severamente afectadas durante la pandemia.

En la carta expresan que la tasa de infección y muerte ha sido significativamente más alta en estas comunidades y el programa de vacunación no les da prioridad. 

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Monseñor Kevin Sullivan de la organización Caridades Católicas, uno de las que firmaron la carta, dice que podrían desarrollar un plan en el estado que proteja a los indocumentados. 

“No tienen bastantes facilidades de salud es importante que la vacuna se distribuya a esas comunidades...también es importante que esas comunidades tenga seguro que la identificación para recibir la vacuna no va a hacer compartido y usado para dañar sus vidas”, dijo Monseñor Sullivan.

Hay preocupación de que el gobierno federal exiga a los estados que se identifique a cada persona vacunada ya sea con un número de seguro social, pasaporte o licencia de conducir. 

Los activistas piensan que esto podría intimidar a las comunidades indocumentadas ya que la información podría ser compartida con otras agencias federales.

“La alternativa que estamos explorando es crear un sistema diferente para registrar o contar las personas sin tener que compartir ninguna información. Una manera de hacerlo tal vez que las personas sean registradas con una organización o que alguna entidad confiable que no tenga que ser del gobierno”, dijo Alba Villa, directora ejecutiva de NMCIR.

Mientras que los activistas a favor de los inmigrantes dice que lucharán para que se respeten sus derechos.

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