El mandato de vacunación para los profesores y otros empleados de las escuelas públicas de la ciudad puede seguir adelante como estaba previsto la próxima semana, después de que un juez estatal levantara el miércoles una orden de restricción temporal.
La ciudad había anunciado el mes pasado que los empleados de las escuelas tendrían que recibir al menos una primera dosis de una vacuna contra el coronavirus antes del 27 de septiembre, lo que afectaría a unos 148.000 trabajadores escolares y contratistas.
Una coalición de sindicatos de la ciudad había presentado una demanda contra el mandato y había solicitado la orden judicial contra su aplicación.
El juez del Tribunal Supremo del Estado, Laurence Love, puso en marcha la orden de restricción temporal la semana pasada, pero la retiró en su fallo del miércoles.
En un comunicado, el Departamento de Educación dijo que el fallo era "una gran victoria para los niños de la ciudad de Nueva York y los empleados del Departamento de Educación.
"Su salud y seguridad son el núcleo de este mandato de vacunación, y nos complace que el tribunal haya reconocido la autoridad legal de la ciudad", se dijo.
Los funcionarios de los sindicatos dijeron que tenían la intención de continuar con la acción legal.
"Estamos profundamente decepcionados por el hecho de que se haya levantado la medida cautelar", dijo Henry Garrido, director ejecutivo de DC 37, en un comunicado. "Este no es el final del camino y seguiremos luchando por el derecho de los trabajadores a tomar sus propias decisiones en materia de salud".
Love dijo que inicialmente había ordenado la medida cautelar porque el mandato original de la ciudad no decía nada acerca de las exenciones médicas o religiosas, pero dijo que la ciudad posteriormente puso un lenguaje diciendo que nada en el mandato prohibiría las acomodaciones que son legalmente requeridas.
Dijo que eso eliminó la necesidad de la orden judicial, y también dudó de que los sindicatos pudieran finalmente tener éxito en su reclamación de que se estaban violando sus derechos al debido proceso.
"Los tribunales estatales y federales han sostenido sistemáticamente que un requisito obligatorio de vacunación no viola los derechos sustantivos del debido proceso y cae adecuadamente dentro del poder policial del estado", escribió Love.
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