Fermina Ríos prepara el desayuno para su hija Dalia García, quien es tetrapléjica debido a un accidente hace dos años.

Pero ahora su gran preocupación es pensar quién cuidará de su hija, en caso de que sea deportada a México: "¿Se imagina, si me llegan a deportar? ¿Qué va hacer de ella?".

Todo empezó hace 30 años cuando Ríos y su hija se fueron de paseo a las cataratas del Niágara.

Ríos dice que se metió, por error, al puente que cruza hacia Canadá. No tenía papeles pero la dejaron en libertad. Después dice que recibió una cita para una corte de inmigración.

A esa cita no se presentó porque acudió a una dirección equivocada. Ahora tiene una orden de deportación en ausencia. Sus dos hijas y su esposo, Manuel García, son ciudadanos americanos. 

Dalia, su hija incapacitada, explica: "Sin ella no puedo hacer nada. Ella es mi motor: si quiero hacer algo, ella me ayuda; si quiero una servilleta, ella va y me busca un servilleta. Si quiero ir al baño, ella me ayuda". 

La situación económica no es nada fácil, en especial en estos tiempos de pandemia.

Manuel trabaja como taxista un máximo de 15 horas a la semana, a veces menos, y le preocupa de que con el contacto con sus clientes se contagie del COVID y ponga en riesgo la salud de su esposa que padece de asma y neumonía.

"Si le pasa algo y se enferma, ¿qué va a pasar con mi hija?", se cuestiona García.

Según la directriz de la administración de Trump, ICE puede deportar a cualquier inmigrante sin importar que tenga hijos americanos, haya vivido en el país por muchos años y no haya cometido ningún delito.

Dicha disposición le ha quitado la discreción a los jueces de inmigración en casos como este. 

Y de acuerdo con la abogada de inmigracion, Marilyn Orbach-Rosenberg: "Eso no debe ser así, porque ella sí puede arreglar papeles. Ella si puede ajustar el estatus, solo hay que reabrir este caso nada más".

La abogada Marilyn Orbach-Rosenberg lleva casi un año tratando de reabrir el caso de Fermina para que se pueda presentar ante un juez, pero no ha tenido éxito.

Con la nueva administración de Biden, la abogada espera que los jueces recuperen la discreción para anular las deportaciones y reabrir casos. 

"Porque necesitamos reforma, porque tenemos ahora simplemente no funciona entonces necesitamos ver cambios", detalla la abogada.

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